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La Legislatura de Misiones derogó en un trámite exprés los artículos de la ley que establecían la prohibición del uso del glifosato en las actividades agropecuarias a partir de 2030. La medida fue aprobada por unanimidad, incluyendo el voto de Carlos Rovira, impulsor original de la norma que buscaba limitar el uso de este herbicida, el más utilizado a nivel mundial.
La modificación fue promovida por el gobernador Hugo Passalacqua, quien atendió el reclamo del sector productivo provincial, preocupado por el riesgo que representaba para las exportaciones la obligatoriedad de utilizar bioinsumos sin certificación internacional.
Carlos Rovira, figura política central en Misiones durante más de dos décadas, había logrado sancionar a mediados de 2023 una ley que prohibía el glifosato, otorgando un plazo de dos años de transición hacia herbicidas biológicos. En ese momento, la empresa Agrosustentable ya había establecido una planta en el Parque Industrial de Posadas y firmado un acuerdo con el Ministerio del Agro y la Producción para distribuir bioherbicidas, insecticidas y fertilizantes entre los pequeños productores locales.
La alerta llegó desde Estados Unidos, principal destino del té producido en Misiones. La Tea Association of the USA Inc. advirtió a los industriales argentinos que dejaría de importar té si se avanzaba en la sustitución del glifosato por bioherbicidas no certificados internacionalmente. Según el organismo, existen 52 sustancias químicas autorizadas para el cultivo de té en el mundo y se trabaja en la aprobación de otras, así como en los límites permitidos para su uso.
En una carta dirigida a Crispín Beitía, uno de los principales productores y exportadores de té del país, la entidad señaló que Estados Unidos importa aproximadamente el 66% del té argentino y advirtió que, sin una tolerancia de importación establecida para el nuevo químico local, todos los tés tratados con él serían considerados adulterados y prohibidos para el consumo en ese mercado.
Ante estos fuertes cuestionamientos y la amenaza de perder mercados internacionales, el gobierno provincial dictó hace dos años un decreto que pospuso la prohibición hasta 2030. Luego, en 2023, el gobernador Passalacqua firmó una resolución que condicionaba la norma a la disponibilidad en el mercado de bioinsumos con certificación internacional.
Este jueves por la mañana, el proyecto de derogación recibió dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, y por la noche fue sancionado tras un tratamiento sobre tablas.
El diputado Enio Lemes defendió la modificación argumentando que “estamos hablando de producción, trabajo y, en definitiva, de la vida cotidiana de miles de familias misioneras que viven y trabajan la tierra”. Señaló que la ley de 2023 tenía como objetivo promover una producción más amigable con el medio ambiente, pero que en estos tres años «las alternativas necesarias para reemplazar los herbicidas no se desarrollaron ni estuvieron disponibles al ritmo previsto”.
Finalmente, afirmó que la provincia sigue impulsando la investigación, el desarrollo y la producción de bioinsumos porque es el camino hacia una producción cada vez más sustentable, y calificó el cambio en la ley como “una corrección del rumbo”.
